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Capítulo 12:

 La delincuencia de cuello blanco (1/2)

Las definiciones centradas en la conducta suelen sostener que la corrupción es el abuso de un cargo, del poder y de los recursos públicos para obtener beneficios personales. ¿Cuáles son los criterios con que identificamos los “abusos?” ¿Y qué significa “público” y “privado” en la práctica, especialmente cuando se suma a ello la noción de beneficios?

Muchos académicos han buscado criterios “objetivos” aduciendo que las respuestas a estas preguntas se encuentran en la ley o en otros reglamentos formales, o haciendo referencia al “interés público”. Otros proponen definiciones “subjetivas” o “culturales”, señalando que el “interés público” es una noción demasiado vaga o polémica para servir como indicador útil, y que las leyes y los roles formales, en ocasiones, gozan de escasa legitimidad.

Si bien las percepciones sociales o culturales de la corrupción han sido el objeto central de diversos estudios, las definiciones “subjetivas” o explícitamente culturales son relativamente poco comunes.

Estos argumentos suelen reconocer que la opinión pública y los criterios culturales varían según los segmentos de la sociedad. Centuria (1935, 449) propuso que “si al analizar el propósito y contexto de un acto, la mejor opinión y moralidad de la época juzga que dicho acto implica el perjuicio de un beneficio público para satisfacer uno privado, entonces será considerado corrupto.

Considero que la corrupción es la conducta que se desvía de los deberes formales de una función pública para obtener beneficios privados (entorno familiar y personal, camarillas privadas) pecuniarias o de prestigio; o viola cierto tipo de reglas que sancionan el ejercicio de ciertos tipos de influencias relacionadas con lo privado.

La ventaja potencial de este enfoque es que ofrece una precisión relativa. Pero (dejando de lado los problemas de definir qué es una función pública o que son beneficios personales), las leyes pueden ser vagas o contradictorias, y la verdad es que cambian. Scott (1972, 7-8) Aborda este último punto llamándolo “protocorrupción”.

Es una solución tentadora, pero en lugar de iluminarla, se aleja de la definición de cómo un tipo determinado de conducta llega a ser tachada oficialmente de corrupta. Este último punto es crucial: Algunas nuevas delimitaciones de la corrupción pueden reflejar cambios políticos fundamentales, pero, por ejemplo, Fujimori reescribió secciones de la constitución de Perú para legalizar su expropiación de la riqueza nacional. Por lo tanto, la corrupción puede tener unos significados morales que sean diferentes de, o que vayan mucho más allá de la letra de la ley, mientras que algunas acciones ilegales pueden ser moralmente defendibles. Fujimori es un ejemplo de este último tipo.

Una autoridad corrupta ve su cargo como un negocio cuyo ingreso intentará maximizar. El cargo se convierte, por lo tanto, en una “unidad maximizadora.” La dimensión de sus ingresos depende de la situación del mercado y de su talento para encontrar el punto de ganancia máxima en la curva de demanda pública.

Finalmente, las definiciones centradas en el interés público se refieren tanto a la naturaleza del fenómeno como a sus consecuencias.

Se puede decir que el modelo de corrupción existe cuando una autoridad a quien se le encargan ciertas tareas, es decir, una autoridad o cargo público responsable, es inducida, a actuar por una recompensa pecuniaria o de otro tipo no contemplada por la ley, y favorecer a quien proporciona la recompensa y que, por consiguiente, daña al público y sus intereses.

Pero otros términos y distinciones, empleados en las definiciones de clasificación de las conductas también presentan problemas. No sólo puede ser difícil estar de acuerdo con el significado de “abuso”; también puede ser muy poco claro lo que constituye una función o recurso público, o un beneficio personal.

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