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Capítulo 11:

 Inseguridad. La situación en México

No obstante el innegable paralelismo entre el avance de la inseguridad y la transición, señalar al proceso de democratización como el causante de la inestabilidad producida por el crimen sería una falacia. Ya que en realidad, los gobiernos democráticos son más susceptibles a ser penetrados por el crimen organizado que los países con gobiernos de dictaduras.

Es decir, mientras más democrático sea un sistema de gobierno, más susceptible será de ser infiltrada por el poder del crimen organizado, y es que en la democracia continuamente llegan al poder personas que se encuentran deseosas de poder, lo que posteriormente llega a la degeneración del poder “democrático”, llegando a la corrupción constante. Por otra parte, en los gobiernos plenamente democráticos la sociedad cuenta con los mecanismos necesarios para castigar a sus gobernantes en caso de que éstos incurran en conductas ilegales, cuando se organiza adecuadamente, desgraciadamente son muy pocos los que logran llegar a la “justicia” como lo vemos constantemente en nuestra actual democracia.

La democratización, entonces, no propicia por sí misma una mayor seguridad; por el contrario, aumenta las posibilidades de desarrollar la corrupción y la impunidad características del autoritarismo. Sin embargo, en el caso mexicano, la transición sí ha influido en el comportamiento del crimen organizado debido a un complejo fenómeno de proporcionalidad inversa: en la medida que las viejas alianzas compuestas por grupos políticos y carteles delictivos se resisten al cambio democratizador, en esa misma medida la violencia parece recrudecerse.

De las versiones periodísticas que involucran al narcotráfico en el asesinato de Luis Donaldo Colosio, hasta las resistencias afrontadas por el ex secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Alejandro Gertz Manero, para erradicar a un grupo delictivo conformado por altos mandos de la policía capitalina (denominado como “la Hermandad”), existen múltiples ejemplos que conforman la dinámica de la “proporcionalidad inversa”.

En términos teóricos, conforme se vaya consolidando el proceso democratizador, las viejas alianzas crimen-gobierno desaparecerán para ser sustituidas, de manera sistemática, por un nuevo paradigma de legalidad más acorde con los intereses en la sociedad. En la practica mexicana, empero, existen dos elementos que a la vez que operan en contra de la transición, dificultarán una disminución sustancial del poder del crimen organizado más allá de la presente administración del país.

1.– El poderío económico del narcotráfico. Al igual que en el resto de las naciones que conforman la aldea global, la capacidad de penetración del narcotráfico radica en los amplios recursos económicos que detenta.

El tráfico de drogas genera, según datos de la ONU, ganancias superiores a los 500 mil millones de dólares anuales, una cifra superior a los dividendos obtenidos por las tres empresas más grandes de los Estados Unidos.

México, al ser la puerta para el mercado más grande de estupefacientes en el mundo (LOS GRINGOS), es considerado como una posición estratégica por los cárteles de la droga. Por ello, independientemente de la corrupción endémica del sistema, éste es susceptible al poder de corrupción del narcotráfico.

El poder se refleja en las cifras. En términos conservadores, se calcula que el 80% de la droga que entra a la Unión Americana pasa por nuestro país. Si tomamos en cuenta que EE.UU. consume 40% de los enervantes a nivel mundial, es probable que en México circulen alrededor de 30 mil millones de dólares producto del narcotráfico. Frente a estas cifras, y la “fatal” vecindad de México con EE.UU., resulta sumamente difícil contrarrestar la presencia del crimen organizado, más allá de la efectividad de las autoridades de un país específico.

2.– La ausencia de una estructura de seguridad. Queda claro que el crimen organizado se ha fortalecido como consecuencia de la protección proporcionada por las estructuras del Estado encargadas de la seguridad pública. Sin embargo, en el escenario hipotético de que la transición redundara en una “limpia” de las instituciones de justicia, la realidad es que el grado de deterioro de éstas no permitiría conseguir avances inmediatos.

La ausencia de un banco de datos criminalístico, la deficiente preparación policíaca, la carencia de métodos de inteligencia, entre otros factores, permite suponer que la construcción de un esquema de seguridad a la altura del desafío presentado por el crimen es un proyecto de largo plazo. Incluso, la gradual intervención de Estados Unidos en la seguridad pública mexicana —reflejada en sucesos que van desde el Operativo Casablanca hasta la asistencia de la CIA y el FBI en el combate al narco— muestran la preocupación externa de la incapacidad del gobierno mexicano en la materia, incapacidad que, a mediano plazo, podría sumir al país en un clima de inseguridad inédita en la historia moderna nacional.

Libertad y seguridad son concepciones complementarias para el Estado democrático, situación que se va perdiendo poco a poco con nuestros presidentes, en tanto la seguridad debe de hacer posible el acceso a la libertad, asegurando a las personas la convivencia de una ciudadanía plena.

La protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos están equitativamente establecidos, dan el fundamento del estado de derecho ya que garantiza la Justicia, lo que da legitimidad al ejercicio del poder y de la propia existencia de las instituciones políticas.

En Brasil, la seguridad pública es uno de los derechos fundamentales, estipulada en la Constitución Política Brasileña, junto con el derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad y al patrimonio. Reconozco que el actual sistema de seguridad pública en Brasil no consigue garantizar ese derecho a todos.

En Brasil, Argentina, Perú y Colombia, como en México, cada día aumenta la inversión privada en seguridad: muros, enrejados, seguridad privada, blindaje de carros, rastreo de vehículos por satélite, etc. Pero al hablar de seguridad, estamos hablando de garantías de los derechos de la ciudadanía, entendiendo ciudadanía como el ejercicio de derechos y solamente se ejerce la ciudadanía cuando se experimentan relaciones sociales. Por lo tanto, no hablamos solamente de la dignidad intrínseca de cada persona, que debe de ser respetada y garantizada. Hablamos del derecho de tener y experimentar la convivencia de los derechos, expresión máxima de la ciudadanía, en donde las políticas públicas tienen un papel central. Por eso, creo que es necesario defender la ciudadanía como manera de vivir, que incluye a la población como una asociación en la construcción de proyectos políticos y en el monitoreo del cumplimiento de las leyes y funciones públicas. Es preciso exceder o llevar más allá el concepto de ciudadanía como una simple manera de vivir, principalmente en un tema que toca profundamente la vida de todos: la seguridad.

En las últimas dos décadas, la violencia y el crimen han aumentado en mayor proporción que el crecimiento de la población en nuestro país. Al mismo tiempo, nunca se había visto tanto movimiento por parte de la sociedad civil en nuestro país, principalmente en el Distrito Federal y Jalisco, en busca de seguridad.

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