La administración concursal es uno de los órganos que participan en el concurso de acreedores cuyas funciones principales serán: realizar un listado de acreedores, el inventario y calificación de los créditos de los anteriores, reintegrar al patrimonio del deudor los bienes otorgados en perjuicio de la masa activa, evaluar las propuestas de convenio, determinar la masa activa del concurso, administrar o supervisar la administración que hace el deudor sobre su propio patrimonio y realizar un informe en la que se describirá el estado contable y financiero de la empresa basándose en la documentación aportado por el deudor.  

La administración concursal se formará tras la declaración del concurso de acreedores y estará formada por tres miembros: 1º un abogado con más de 5 años de experiencia profesional, 2º un auditor de cuentas, economista o diplomado empresarial licenciado con 5 años de ejercicio profesional y 3º por acreedor ordinario o privilegiado ( en este último caso si es persona jurídica el acreedor deberá designar un auditor o economista con más de 5 años de ejercicio profesional para el cargo y si el acreedor es persona física que no sea auditor de cuentas o economista colegiado podrá nombrar a uno con 5 años de ejercicio para ocupar el cargo de administrador). En cualquier caso, el acceso al cargo de administrador está sometido a ciertas limitaciones o incapacidades ya que no podrán serlo quienes tuvieran limitada su capacidad para administrar, ni los que tuvieran alguna relación con el deudor o los acreedores ni concurrir en la misma administración concursal administradores que estén relacionados entre sí personal o profesionalmente.  

El cargo de administrador estará remunerado de acuerdo a un arancel previsto reglamentariamente ya que aparte de exigírseles que tengan la diligencia de un ordenado administrador, se les puede llegar a exigir responsabilidad por los perjuicios que puedan tener los acreedores o el deudor por la omisión de la diligencia debida, y podrán ser condenados todos los administradores de manera solidaria a indemnizar por los daños y perjuicios ocasionados, pero no estarán obligados aquellos administradores que prueben que actuaron con la diligencia debida.     

En principio la administración concursal tomará sus decisiones de manera colegiada y por mayorías, pero en caso de que no se den el juez podrá resolver los bloqueos si no se alcanza mayoría. En otros supuestos, en los que se haya solicitado al juez o este lo decida de oficio se podrán atribuir competencias concretas a un único administrador, lo cual influirá a la hora de exigir responsabilidades. También es posible que la administración pueda funcionar temporalmente con dos miembros, porque se haya descubierto sobre un administrador una causa de recusación o se demuestre que no actúa con la diligencia debida, en tal caso actuará de manera mancomunada mientras se nombra a un nuevo administrador.