El concurso de acreedores se aplica a aquellos supuestos en los que una persona física o jurídica se ve incapaz de cumplir con sus obligaciones económicas a las que se ha comprometido frente a sus acreedores, motivo por el cual, el deudor o los acreedores solicitan ante los juzgados la declaración del concurso de acreedores a fin de que se realice un convenio o se liquiden los bienes del deudor.  

En este proceso intervendrán diversos sujetos: el deudor y los acreedores (los cuales pueden solicitar el concurso y negociar para llegar a un acuerdo mediante el convenio), el juez (que entre otras funciones realizará la declaración de concurso, su conclusión y calificación) y la administración concursal (la cual redactará las listas de acreedores con sus respectivos créditos frente al deudor, el inventario de bienes del deudor y realizará la valoración del posible convenio y, mientras dure el concurso tendrá la capacidad de intervenir en la administración de la empresa del deudor).  

El proceso antes descrito viene recogido en la ley 22/2003, de 9 de Julio la cual entró en vigor a partir del año 2004, derogando la ley de suspensión de pagos de 26 de Junio de 1922 y la mayor parte del libro IV del Código de Comercio en lo relativo a las quiebras, motivo por el cual, todos los procedimientos de insolvencia se guiarán por la actual ley de concurso de acreedores independientemente del tipo de deudor o acreedor que lo solicite, aunque hay establecidas ciertas particularidades, sobretodo cuando el deudor sea una persona jurídica.